Lo cierto es que no se trataba solamente de un grupo de personas que conversan sobre algún tema, sino donde además cada cual vendía un platillo confeccionado con sus propias manos, como tamales caseros, tortillas y pasteles.

Hasta que un día un investigador del condado de San Joaquín se hizo pasar por un consumidor, accedió al grupo de Facebook 209 Food Spot y negoció con Ruelas la compra de un plato del ceviche en el que esta mujer de Stockton, California, se había especializado.

A partir de entonces ha llegado el calvario para esta madre soltera, con seis hijos a los que atender y mantener.

Según ha trascendido a partir de los documentos oficiales de la corte, tanto Ruelas como otras de sus compañeras del grupo estarían sujetas a pagar judicialmente por delitos menores al no cumplir con los permisos necesarios para la manipulación y venta de alimentos.

Lo peor en su caso fue que Ruelas se negó a un trato negociado por los fiscales. Mientras al resto del grupo se les ofreció una sentencia de un año de libertad condicional, 40 horas de servicio comunitario y una multa de 235 dólares si se declaraban culpables de un delito menor, la oferta para ella era de tres años de libertad condicional y 80 horas de servicio comunitario, además de la multa.

En declaraciones a la prensa, esta mujer aseguró que, a pesar de que vendía o intercambiaba alimentos unas pocas veces al mes,  había indagado también sobre los permisos del estado para este tipo de servicios, pero que la mayoría de estos sólo aplicaban a productos de panadería, no al ceviche, y mucho menos a través de pequeñas comunidades online, como en la que ella colaboraba en Facebook.

“No vimos que estábamos haciendo ningún daño”, aseguró. “A nadie se le ocurrió hacerlo con regularidad. Muchas veces, sólo estábamos recuperando lo invertido en los ingredientes”.

Además, esta mujer acusó a las autoridades de perder su tiempo y de gastar indebidamente recursos y dinero provenientes de quienes pagan sus impuestos honestamente, y que prefieren este tipo de grupos de comida, en lugar de ir a los restaurantes.

Por su parte, en una entrevista con KTXL, Kelly McDaniel, la Fiscal del Distrito del Condado de San Joaquín, defendió la operación.

“Yo no hago las leyes, las aplico, y la legislatura ha decidido que esto fue un delito”, dijo. “La comida preparada en una instalación que no ha sido inspeccionada significa un riesgo para el público”, concluyó.

Lo cierto es que tras su negación a aceptar su culpabilidad, Ruelas, madre de una camada de hijos que van de los 6 hasta los 20 años, podría ahora enfrentarse a una condena de un año tras las rejas.

“El propósito no era vender comida”, enfatizó esta madre de familia. “Queríamos traer algo positivo a nuestra comunidad”, concluyó, sin dejar de recordar las altas tasas de homicidios en Stockton.

“¿Investigaron nuestro caso durante más de un año, pero no pueden resolver todos estos asesinatos que están pendientes?”, ironizó.