José Martín García Martínez, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas dijo que la policía estatal de Tamaulipas es la que acumula más denuncias en este instituto, mencionó también que el retiro de fuerzas militares quienes hacen trabajos de policía en las ciudades comunidades, debe ser paulatino sobre todo en los lugares donde tienen que hacer frente al crimen y delincuencia.

A la fecha llevamos 921 quejas generales, habría que contar lo del último mes de noviembre y diciembre, la policía estatal acreditable encabeza las quejas con 128 y han bajado en relación con otros años.

Tenemos 32 recomendaciones, todas están aceptadas menos una que fue a una institución de educación privada que no la ha aceptado, estamos insistiendo.

En contra del ejército hay 12 quejas que en la comisión de Tamaulipas se tienen registrados, han bajado, contra la marina hay 8 o 10, pero quien encabeza las quejas aquí  en Tamaulipas es la Policía estatal Acreditable.

Desde que vino el combate en el 2014 la estadística contra policías se viene en aumento en el 2014 fue un incremento al 100% de quejas, lo mismo sucede en el 2015, y en el 2016 hay una disminución considerable.
Pero esos años de inicio, las fuerzas federales trabajaron en unión con los 3 niveles de gobierno generó mucho descontento esto en cierta forma no significa que una queja que se presente contra una autoridad tenga que resultar violatoria a los derechos humanos.

En cuanto a desparecidos hay 10 o 12 relacionadas con averiguaciones previas, a veces es la falta de atención o el trato, o el maltrato que reciben de la atención. 

El funcionario rechazó que sean un elefante blanco, desde que nacieron las instituciones defensoras de derechos  humanos siempre han existido voces de esta naturaleza que quisieran que nunca existieran las comisiones de derechos humanos que están para defender el estado de derecho, que a las autoridades que incumplen con las obligaciones

Aclaró que los funcionarios no saben cómo cumplir las recomendaciones y en eso ha sido una permanente dificultad, donde más se dificulta es en los procesos de responsabilidad administrativa o que tienen que ver cuando les pedimos que pueden constituir algún ilícito y que inician averiguaciones previas, ahí es donde vemos que hay lentitud en el cumplimiento a las recomendaciones.